Javier Rivera

El ejercicio de la judicatura y su interlocución con la sociedad

A manera de reflexión.
Francisco Javier Rivera Casillas/ Séptimo Cantón

 

 

Tepic.-Asumir que el juzgador -Magistrado o Juez- es un servidor público que ejerce su delicada responsabilidad únicamente desde la perspectiva de la ley y alejado o en ocasiones ajeno de la imponente problemática que nos presenta la actualidad social, es la conclusión de una realidad que debe replantearse a partir de la modificación inmediata del rol que asume quienes tenemos por obligación resolver los conflictos de intereses que se suscitan entre las personas o de los particulares con el propio gobierno.

La tarea de juzgar no es un simple o complejo ejercicio de aplicar la ley al caso concreto, hoy en día, esa práctica de la judicatura ya no satisface las exigencias actuales, de manera impostergable se requiere adicionalmente de una actitud pro activa para entender y atender la problemática social.

Por años, diversas voces del foro jurídico han expresado que un juzgador no debe manifestar una opinión anticipada porque estaría prejuzgando. Seguir en esa línea de pensamiento, es asumir un compromiso profesional que debe calificarse como errático  e indiferente a la creciente descomposición del tejido social.

A propósito de la libertad de opinión del juzgador, cobra relevancia la garantía prevista en el artículo 84 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, que textualmente indica lo siguiente.

Artículo 84.-   Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia son inviolables por las opiniones que emitan en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

No se explica como el constituyente permanente local dotó de dicha garantía al juzgador sin vincularla o asociarla con su propósito y finalidad perseguida. La dinámica con la que evoluciona la sociedad nos convoca a colocar la hipótesis constitucional en su justa dimensión.

El precepto en mención, debe concebirse como el marco constitucional que posibilita y faculta a los juzgadores a participar activamente y sin ataduras en la interlocución de los problemas de la sociedad con sus posibles soluciones.

Dicho de otra manera, quien cuenta con indicadores que identifica alguna de las razones o causas por las cuales se generan los conflictos en la sociedad, es el propio juzgador al momento de imponerse del problema planteado por las partes en un juicio.

Las reformas que persiguen activar nuevos instrumentos o modelos legales no tendrán eficacia si continúa la conducta del juzgador desde una lógica de simple acompañamiento,  desplegando en ocasiones una actividad exclusiva de aplicar o replicar la ley al caso concreto.

Esfuerzos dignos de reconocer son los foros, paneles y conferencias, donde preponderantemente acuden alumnos, académicos, investigadores y todo tipo de operadores jurídicos. Hoy en día, esos ejercicios de academia y debate de las ideas ya no son suficientes, además, se requiere dialogar con los destinatarios de la ley, pero en su entorno y con un lenguaje didáctico.

Las circunstancias actuales hace imperativo trazar o diseñar desde la judicatura estatal una agenda de trabajo, donde las premisas que la impulsen o cimienten sea la de prevenir o resolver en lo posible con los esquemas legales vigentes -medios alternos- los conflictos de la población.

Al respecto, merecedora de estudio y análisis resulta la iniciativa de reforma constitucional presentada ante el Congreso de la Unión por parte del titular del Poder Ejecutivo Federal, denominada justicia cotidiana, misma que plantea directrices que persigue la finalidad de detonar un novedoso diseño institucional y particularmente propiciar una innovadora forma de acercar la administración de justicia a la población.

Nayarit, como parte integrante de la federación no debe quedar al margen de los esfuerzos y por supuesto, no supeditar los mismos a una simple armonización de la ley local con el marco federal; además como entidad federativa debe hacer valer su libertad de configuración legislativa e innovar en el ámbito local a partir del margen de competencia que le otorga la propia Constitución General de la República.

En la agenda de trabajo para llevar a la realidad la interlocución del juzgador con la sociedad, tiene cabida como una de las acciones a emprender las audiencias públicas de orientación o asesoría, y desde luego involucrar por las funciones que realizan, a los comités de acción ciudadana y centros de convivencia vecinal que se constituyen por disposición de la ley como organismos auxiliares en el ámbito municipal.

La tarea no es sencilla, indudablemente los problemas inherentes al tejido social tienen diversas aristas y un alto grado de complejidad, por ello se requiere la participación efectiva de todos y los juzgadores no somos la excepción.

Estas líneas representan sólo un esbozo de lo mucho que podemos hacer. Delimitar el problema y hacer eficiente las acciones, es una fórmula que no debemos perder de vista. En esa perspectiva concluyo esta breve reflexión con dos cuestionamientos que podrían formar parte del contenido de una agenda prioritaria.

Como juzgadores,  ¿qué hemos hecho ante la contundente estadística que reporta a la violencia familiar como el problema de mayor incidencia en los juzgados de Nayarit?

¿Conocen los destinatarios de la ley, -población- particularmente las víctimas de un delito, que significa y que ventajas les ofrece un juicio oral en materia penal ?

Son dos temas centrales y prioritarios que podrían inaugurar la agenda de trabajo para los ejercicios de interlocución con la sociedad desde la perspectiva del juzgador.